MARCO JURÍDICO

El marco legal del agua en México, se cimienta en La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Iniciando la referencia en la fracción quinta del artículo 27, en la que la propiedad de las aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la Nación; pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización. De igual manera y siguiendo con el marco legal hídrico, el artículo 115 de la CPEUM, faculta a los municipios para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento y deja en manos de la federación, como lo expresa el artículo 27, lo relacionado con la explotación, uso, aprovechamiento, distribución y control de las aguas consideradas nacionales. Los municipios podrán prestar los servicios desde su propia estructura “como dependencia” o por medio de organismos públicos descentralizados, mismos que podrán celebrar convenios con el Estado y con otros municipios para coordinarse en la prestación de dichos servicios. Se puede manifestar y dejar en claro, la coparticipación del Estado, e incluye su facultad para asumir el servicio cuando el municipio esté imposibilitado para ejercerlo o prestarlo. De manera particular, en relación a los ingresos derivados de la prestación de los servicios que cita la fracción IV del 115 constitucional, el 16 de junio de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los inmuebles públicos federales no están exentos del pago por el servicio de agua y alcantarillado, y precisó que la CPEUM sólo los libera del impuesto predial.